La crisis fronteriza que desbordó Ceuta a finales de julio de 2026 no apareció en un vacío histórico. Marruecos negó haber organizado la entrada y el Gobierno español afirmó que no existían pruebas concluyentes contra Rabat. Sin embargo, la investigación policial describió una pasividad extraordinaria de las fuerzas marroquíes durante las horas decisivas, mientras algunos testimonios aseguraban haber recibido indicaciones de agentes uniformados. Lo probado y lo sospechado todavía no son lo mismo, pero el episodio vuelve a encajar en una relación bilateral marcada por la presión territorial, migratoria y diplomática.
Ceuta y Melilla continúan siendo reclamadas por Marruecos. En agosto de 2026, después de que un ministro marroquí reiterara esas aspiraciones, España volvió a declarar que la soberanía de ambas ciudades no está abierta a discusión. Canarias no se encuentra en la misma situación: Rabat no mantiene una reclamación oficial sobre el archipiélago y ha reconocido su carácter español. No obstante, las leyes marítimas aprobadas por Marruecos en 2020 y la disputa sobre las aguas situadas frente al Sáhara Occidental afectan directamente a los intereses estratégicos canarios.
Por eso conviene separar tres cuestiones que a menudo se mezclan. Ceuta y Melilla son territorios españoles cuya soberanía cuestiona Marruecos; Canarias es territorio español no reclamado oficialmente por Rabat, pero expuesto a tensiones marítimas y migratorias; y el Sáhara Occidental es un territorio distinto, pendiente de descolonización para Naciones Unidas y disputado entre Marruecos y el Frente Polisario.
Esta distinción no debilita la posición española. La fortalece, porque una defensa seria de la soberanía no necesita mitos ni afirmaciones fáciles de desmontar.
¿Eran españolas antes de que existiera Marruecos?
La frase funciona como consigna, pero resulta históricamente imprecisa. Antes de la independencia del Marruecos contemporáneo en 1956 existieron sultanatos y estructuras estatales marroquíes durante siglos. Lo correcto es afirmar que la vinculación de Ceuta, Melilla y Canarias con las coronas ibéricas se remonta a varios siglos antes del nacimiento del Estado marroquí independiente actual.
La conquista castellana de Canarias terminó en 1496 con la incorporación de Tenerife, última isla sometida, a la Corona de Castilla. Fue un proceso de conquista y colonización violento, como tantos otros episodios de formación territorial de la época, pero el archipiélago lleva más de cinco siglos integrado en la estructura política española y hoy constituye una comunidad autónoma con plena representación constitucional.
Melilla fue ocupada en 1497 por fuerzas vinculadas a la Casa de Medina Sidonia y pasó a quedar integrada en la Monarquía Hispánica. La propia Ciudad Autónoma sitúa en 1497 su refundación como ciudad española. Ceuta, por su parte, fue conquistada por Portugal en 1415. Durante la separación de las coronas ibéricas permaneció vinculada a la monarquía española, y Portugal reconoció formalmente su pertenencia a España mediante el Tratado de Lisboa de 1668.
Por tanto, no estamos ante posesiones adquiridas durante el Protectorado español de Marruecos del siglo XX. Ceuta, Melilla y Canarias ya formaban parte de España siglos antes de que se estableciera aquel Protectorado en 1912 y de que Marruecos recuperase su independencia en 1956.
Existe además una diferencia jurídica relevante respecto a otros territorios. El Sáhara Occidental y Gibraltar figuran en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas; Ceuta, Melilla y Canarias no. Para España son partes integrantes del Estado, con ciudadanos españoles, elecciones, ayuntamientos, estatutos de autonomía y representación parlamentaria.
Ceuta: más de tres décadas resistiendo el cerco
La presión sobre Ceuta comenzó mucho antes del Marruecos contemporáneo. Entre 1694 y 1727, las fuerzas del sultán Mulay Ismaíl mantuvieron una sucesión de asedios contra la plaza española. Con interrupciones, el cerco se prolongó durante más de treinta años y se convirtió en uno de los más largos de la historia moderna.
Ceuta sobrevivió gracias a sus fortificaciones, al abastecimiento marítimo y a los refuerzos enviados desde la Península. La ciudad soportó bombardeos, ataques contra sus posiciones y un aislamiento prolongado. La muerte del sultán y la lucha sucesoria marroquí terminaron debilitando el esfuerzo sitiador.
El episodio desmiente la idea de que la soberanía española sobre Ceuta se mantuvo simplemente porque nadie la discutía. Fue combatida durante décadas y defendida militarmente. Ceuta permaneció española porque sus habitantes, su guarnición y la Corona asumieron el coste de conservarla.
Melilla y el asedio de 1774-1775
Melilla vivió una prueba semejante medio siglo después. En diciembre de 1774, el sultán Mohamed III lanzó una gran ofensiva contra la ciudad, apoyada por decenas de miles de combatientes y una importante concentración artillera. Durante aproximadamente cien días, la plaza recibió miles de proyectiles.
La defensa, dirigida por el gobernador Juan Sherlock, resistió gracias a la guarnición y al apoyo de la Armada. El asedio terminó en marzo de 1775 sin que las fuerzas marroquíes lograran conquistar la ciudad. El Tratado de Aranjuez de 1780 restableció las relaciones y reconoció la situación española de Melilla.
De nuevo, la conclusión histórica es clara: la continuidad española no fue una anomalía tolerada, sino el resultado de una soberanía defendida frente a un intento directo de conquista.
La nueva guerra de 1790-1791
La paz tampoco eliminó definitivamente la amenaza sobre las plazas españolas. En septiembre de 1790, el sultán Mulay Yazid inició un nuevo asedio de Ceuta, que se convirtió en el episodio principal de otra guerra hispano-marroquí. Las fuerzas sitiadoras instalaron baterías frente a las murallas y alternaron los bombardeos con negociaciones.
Carlos IV rechazó entregar Ceuta y ordenó reforzarla. España atacó posiciones marroquíes alrededor de la ciudad y bombardeó Tánger desde el mar, aunque con resultados limitados. Las tropas del sultán terminaron retirándose en septiembre de 1791, presionadas por el coste de la campaña, la resistencia española y las rebeliones internas que amenazaban al propio Mulay Yazid.
Este segundo gran intento contra Ceuta confirma que la disputa no quedó cerrada después del asedio de Mulay Ismaíl. Durante el siglo XVIII, la ciudad fue un objetivo territorial persistente de los sultanes marroquíes y una prioridad defensiva para la Monarquía española.
La Guerra de África de 1859-1860
Durante el siglo XIX se repitieron los ataques de grupos tribales rifeños contra las posiciones españolas próximas a Ceuta y Melilla. La incapacidad —o falta de voluntad— del sultán para controlar la situación, junto con los intereses políticos internos del Gobierno de Leopoldo O’Donnell, condujo a la declaración de guerra de España en octubre de 1859.
La llamada Guerra de África fue una guerra abierta entre España y el Sultanato de Marruecos. Un ejército expedicionario español avanzó hacia Tetuán, obtuvo victorias en Los Castillejos, Tetuán y Wad-Ras y obligó al sultán Mohamed IV a solicitar la paz.
El Tratado de Wad-Ras, firmado en abril de 1860, amplió los límites de Ceuta, confirmó las posesiones españolas y obligó a Marruecos a pagar una indemnización. España ocupó temporalmente Tetuán como garantía del pago.
La guerra tuvo también un coste elevado. Miles de militares españoles murieron, muchos más por el cólera y otras enfermedades que por el combate. Tampoco debe idealizarse como una aventura romántica: respondió a agresiones fronterizas, pero estuvo acompañada por nacionalismo, ambiciones coloniales y cálculos políticos de Madrid.
Las campañas de Melilla y la guerra del Rif
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, el entorno de Melilla volvió a convertirse en escenario de guerra. En 1893, la construcción de nuevas fortificaciones españolas desencadenó la llamada guerra de Margallo. El gobernador Juan García y Margallo murió durante los combates y España tuvo que reforzar urgentemente la plaza.
En 1909, los ataques contra trabajadores de las minas próximas a Melilla provocaron una nueva campaña. El desastre del Barranco del Lobo causó centenares de bajas españolas y quedó grabado en la memoria militar y social del país. La movilización de reservistas para aquella guerra contribuyó además a la Semana Trágica de Barcelona.
El conflicto más devastador llegó después. En 1921, las fuerzas rifeñas de Abd el-Krim destruyeron gran parte del dispositivo español durante el desastre de Annual. Miles de soldados murieron en la retirada y en posiciones como Monte Arruit. Melilla quedó amenazada y España sufrió una de las mayores derrotas militares de su historia contemporánea.
Aquí es imprescindible una precisión: la guerra del Rif no fue una guerra convencional entre España y el Estado marroquí. España combatió contra una insurrección rifeña que terminó proclamando la República del Rif. El sultán marroquí se encontraba entonces sometido al régimen de Protectorado y también veía amenazada su autoridad por Abd el-Krim.
Tras años de combates y después de que la ofensiva rifeña alcanzara la zona francesa, España y Francia coordinaron su respuesta. El desembarco de Alhucemas de 1925 rompió la capacidad militar de Abd el-Krim y anticipó operaciones anfibias modernas. La resistencia fue derrotada en 1926, aunque la pacificación completa se prolongó hasta 1927.
Annual representa el sacrificio y el abandono sufrido por miles de soldados españoles, pero utilizarlo simplemente como prueba de una agresión del Marruecos actual sería históricamente falso. Fue, sobre todo, el resultado de una política colonial, una expansión militar mal planificada y una resistencia rifeña organizada con gran eficacia.
Del Protectorado a la guerra olvidada de Ifni
El Protectorado español en el norte de Marruecos existió entre 1912 y 1956. Cuando Marruecos recuperó su independencia, Rabat dirigió rápidamente su atención hacia los territorios españoles de Ifni y el Sáhara.
En noviembre de 1957, el Ejército de Liberación marroquí inició ataques contra Ifni y posiciones españolas del Sáhara. La participación directa del Gobierno marroquí continúa siendo objeto de discusión: las operaciones fueron ejecutadas principalmente por fuerzas irregulares, aunque actuaban desde territorio marroquí, recibían apoyos y servían a las aspiraciones territoriales de Rabat.
España logró mantener Sidi Ifni y, junto con Francia, lanzó en febrero de 1958 una ofensiva que expulsó a las fuerzas del Ejército de Liberación del Sáhara español. La victoria militar no impidió el retroceso político. España entregó la zona de Tarfaya a Marruecos en 1958 y terminó cediendo Ifni en 1969.
La guerra de Ifni es recordada como la guerra olvidada porque la censura franquista minimizó su alcance y ocultó parte de las pérdidas. Soldados de reemplazo, legionarios, paracaidistas y tropas indígenas combatieron en condiciones extremadamente duras mientras el relato oficial trataba el conflicto como si apenas existiera.
Fue una victoria táctica seguida de una retirada estratégica. Marruecos aprendió una lección importante: incluso sin derrotar militarmente a España, podía conseguir avances territoriales mediante presión sostenida, aislamiento diplomático y paciencia.
1975: la Marcha Verde y el abandono del Sáhara
La gran demostración de esa estrategia llegó en 1975. Marruecos reclamaba el Sáhara Occidental y llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia. El dictamen reconoció que habían existido vínculos jurídicos de lealtad entre el sultán marroquí y algunas tribus del territorio, pero concluyó que esos vínculos no anulaban el derecho de autodeterminación de la población saharaui.
Hasán II respondió movilizando alrededor de 350.000 civiles en la Marcha Verde, acompañada por una presión militar y diplomática creciente. España atravesaba uno de sus momentos de mayor debilidad: Franco agonizaba, la transición política era inminente y el Gobierno quería evitar una guerra colonial.
Los Acuerdos de Madrid de noviembre de 1975 repartieron la administración del territorio entre Marruecos y Mauritania. España retiró sus fuerzas en 1976 sin completar el proceso de autodeterminación previsto por Naciones Unidas. El Frente Polisario rechazó la operación y comenzó una guerra contra ambos países; Mauritania abandonó el territorio en 1979 y Marruecos ocupó la mayor parte.
La Marcha Verde suele presentarse como una invasión civil pacífica. En realidad, fue una operación de coerción perfectamente calculada: civiles desarmados en primera línea, fuerzas marroquíes preparadas detrás y un adversario políticamente paralizado. España podía impedir el avance militarmente, pero hacerlo habría producido una matanza retransmitida al mundo y abierto una guerra con Marruecos en plena sucesión de Franco.
Madrid eligió retirarse. Puede comprenderse el temor de aquel Gobierno, pero el resultado fue un abandono desordenado de responsabilidades, aliados locales y compromisos internacionales. El conflicto continúa sin resolverse medio siglo después y condiciona todavía las relaciones de España con Marruecos y Argelia.
Perejil: cuando la respuesta fue inmediata
En julio de 2002, un pequeño destacamento marroquí ocupó el islote de Perejil, situado frente a la costa y próximo a Ceuta. Rabat alegó motivos de vigilancia contra la inmigración y el narcotráfico, pero la instalación de efectivos y banderas alteraba unilateralmente el statu quo.
España exigió la retirada. Ante la negativa marroquí, el Gobierno de José María Aznar ordenó la operación Romeo-Sierra. En la madrugada del 17 de julio, miembros del Mando de Operaciones Especiales desembarcaron desde helicópteros, detuvieron al destacamento marroquí y recuperaron el islote sin muertos ni heridos. Cazas F-18 y Mirage F-1 proporcionaron cobertura, mientras la Armada controlaba las aguas próximas.
Tras la mediación de Estados Unidos, ambos países regresaron al statu quo anterior y el islote quedó desocupado. Desde el punto de vista material, Perejil era una roca sin población ni infraestructura. Desde el punto de vista estratégico, era una prueba sobre la voluntad española.
La respuesta funcionó porque fue rápida, limitada y comprensible: restaurar la situación previa, no conquistar territorio marroquí ni buscar una escalada. Perejil demostró que la firmeza y la proporcionalidad pueden ir juntas. España no necesitó iniciar una guerra; necesitó convencer a Rabat de que una ocupación consumada no sería aceptada.
2021: la inmigración convertida en presión política
En mayo de 2021, España permitió que Brahim Gali, líder del Frente Polisario, recibiera tratamiento médico en territorio español. La decisión provocó una crisis diplomática con Marruecos. Poco después, las fuerzas marroquíes relajaron sus controles y alrededor de 8.000 personas entraron en Ceuta en cuestión de horas, muchas de ellas a nado y entre ellas numerosos menores.
La entonces ministra de Defensa, Margarita Robles, acusó a Marruecos de utilizar a seres humanos como instrumento de presión. El Parlamento Europeo rechazó expresamente el uso marroquí del control fronterizo, la migración y los menores como palanca política contra España.
Aquello no fue una invasión militar, pero sí una forma de coerción de zona gris: aprovechar una dependencia —el control migratorio— para imponer costes políticos, económicos y humanitarios sin cruzar el umbral de la guerra. Las personas que atravesaron la frontera fueron también víctimas de esa estrategia.
España desplegó al Ejército, devolvió a miles de personas y recibió el respaldo formal de la Unión Europea. Sin embargo, la crisis concluyó con una recomposición de las relaciones que incluyó el giro español de 2022 sobre el Sáhara Occidental. Madrid pasó a considerar el plan marroquí de autonomía como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto.
El cambio puede defenderse como realismo diplomático, pero su forma y su momento transmitieron otra lectura: después de una crisis en la que Marruecos utilizó la frontera como presión, España modificó una posición histórica fundamental para Rabat. Aunque no existiera un pacto explícito, el incentivo estratégico resultaba peligroso.
2026: Ceuta vuelve a poner a prueba la relación
La entrada de más de 70.000 personas en Ceuta durante la crisis de finales de julio de 2026 superó cualquier precedente reciente. Decenas murieron durante el intento y la ciudad quedó desbordada. España y Marruecos colaboraron posteriormente en el retorno de la mayoría, pero las dudas sobre lo sucedido en las horas iniciales no han desaparecido.
El presidente Pedro Sánchez sostuvo ante el Congreso que no existían pruebas concretas de que Rabat hubiera organizado la operación. Marruecos también negó cualquier permisividad deliberada y culpó a rumores en redes sociales, traficantes y falsas expectativas sobre la legislación española.
Frente a esa versión, una investigación policial describió un despliegue marroquí insuficiente y una pasividad anormal durante aproximadamente diez horas. Algunos migrantes declararon haber sido orientados por agentes uniformados. Estos indicios justifican una investigación seria, pero todavía no permiten afirmar como hecho probado que Mohamed VI o el Gobierno marroquí ordenaran abrir la frontera.
La diferencia entre prueba e indicio es crucial para un medio responsable. También lo es reconocer el contexto: Rabat controla normalmente con eficacia las salidas cuando existe voluntad política, utilizó abiertamente la presión migratoria en 2021 y mantiene sus reclamaciones sobre Ceuta y Melilla. La hipótesis de una acción deliberada no puede darse por demostrada, pero tampoco descartarse por conveniencia diplomática.
Canarias: no hay reclamación territorial, pero sí una disputa estratégica
Incluir Canarias en la defensa de la soberanía española no significa inventar una reclamación marroquí que oficialmente no existe. Marruecos ha declarado que nunca ha cuestionado el carácter español del archipiélago.
La fricción se encuentra en el mar. En 2020, el Parlamento marroquí aprobó leyes para delimitar una zona económica exclusiva de 200 millas y ampliar su plataforma continental utilizando también la costa del Sáhara Occidental. Las pretensiones se superponen con espacios reclamados por España alrededor de Canarias y afectan a áreas con potencial minero, pesquero y energético, como el entorno del monte submarino Tropic.
España y Marruecos no pueden resolver unilateralmente esas delimitaciones. El derecho del mar exige negociación y tiene además que considerar que Naciones Unidas no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. La defensa de Canarias debe ser jurídica, diplomática, económica y militar, sin convertir cada desacuerdo técnico en una falsa amenaza de anexión.
Canarias es, además, la gran plataforma española en el Atlántico oriental: conecta Europa, África occidental y las rutas hacia América; alberga infraestructuras militares y logísticas; y se encuentra expuesta a los flujos migratorios procedentes del Sahel y de la costa atlántica africana. Defenderla exige algo más que repetir que es española. Exige presencia estatal, vigilancia marítima, inversión y una estrategia exterior coherente.
El patrón marroquí: presión sin guerra abierta
Marruecos no necesita iniciar una guerra convencional para avanzar sus intereses. Su estrategia combina reivindicaciones históricas, hechos consumados limitados, presión migratoria, control de la cooperación antiterrorista, acuerdos económicos y una intensa actividad diplomática.
Esta forma de actuar resulta eficaz porque explota las dependencias españolas. Madrid necesita colaboración marroquí para gestionar la inmigración irregular, combatir el terrorismo yihadista, perseguir el narcotráfico y proteger intercambios comerciales. Rabat necesita a su vez el mercado europeo, inversión, cooperación de seguridad y apoyo político. La relación es interdependiente, pero España se comporta con demasiada frecuencia como si únicamente ella tuviera algo que perder.
El problema no es mantener buenas relaciones con Marruecos. España debe mantenerlas por geografía y por interés nacional. El problema comienza cuando la buena vecindad se confunde con evitar cualquier desacuerdo, silenciar reivindicaciones hostiles o aceptar que la frontera pueda transformarse en instrumento de presión.
Tampoco debe confundirse al Estado marroquí con la población marroquí. Los ciudadanos enviados o tolerados en una crisis migratoria no son un ejército enemigo. Con frecuencia son las primeras víctimas de decisiones políticas y redes criminales. La respuesta española debe proteger la frontera, exigir responsabilidades a Rabat y respetar al mismo tiempo la dignidad humana.
España sí ha respondido, pero no siempre ha sostenido su posición
Sería falso afirmar que España nunca ha contestado a las presiones marroquíes. Ceuta resistió durante décadas; Melilla derrotó el asedio de 1774; el Ejército español venció en la Guerra de África; España y Francia derrotaron a Abd el-Krim; las fuerzas españolas conservaron Ifni y expulsaron al Ejército de Liberación del Sáhara; y Perejil fue recuperado en cuestión de días.
El problema ha sido la falta de continuidad estratégica. Victorias militares fueron seguidas por retiradas políticas; posiciones históricas se modificaron sin debate suficiente; y cada Gobierno ha tendido a tratar las crisis con Marruecos como episodios aislados que debían cerrarse cuanto antes.
Rabat, en cambio, piensa a largo plazo. Sus objetivos sobre Ceuta, Melilla y el Sáhara sobreviven a los cambios de ministros y Gobiernos. Esa asimetría de voluntad importa tanto como cualquier diferencia militar.
España necesita una política de Estado permanente: rechazo explícito de cualquier negociación sobre Ceuta y Melilla; refuerzo de las capacidades fronterizas y marítimas; reducción de dependencias críticas; integración económica y logística real de las ciudades autónomas; defensa de los intereses canarios en la delimitación marítima; y coordinación previa con la Unión Europea y la OTAN ante posibles acciones de zona gris.
La cobertura automática de Ceuta y Melilla por el artículo 5 de la OTAN ha sido discutida debido a la redacción geográfica del artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte. España no puede basar su defensa en interpretaciones optimistas o declaraciones políticas ambiguas. La disuasión comienza por la capacidad nacional de reaccionar inmediatamente y por acuerdos aliados preparados antes de la crisis.
Defender la soberanía no es buscar una guerra
La conclusión de esta historia no debe ser una llamada a la hostilidad permanente contra Marruecos. Los dos países están condenados a entenderse, pero entenderse no significa ceder cada vez que Rabat eleva el precio de la cooperación.
Ceuta, Melilla y Canarias no son fichas que puedan intercambiarse por controles migratorios, contratos comerciales o meses de tranquilidad diplomática. Son territorios españoles habitados por ciudadanos españoles. Su defensa no depende únicamente de que fueran conquistados hace siglos: depende de su realidad política, jurídica y social actual.
La antigüedad histórica ayuda a desmontar la imagen de unas ciudades surgidas del colonialismo del siglo XX, pero no debe convertirse en el único argumento. La razón decisiva es que Ceuta, Melilla y Canarias forman parte del orden constitucional español, sus habitantes participan plenamente en la vida democrática del país y no existe ningún proceso internacional que obligue a España a descolonizarlas.
La buena vecindad solo es posible entre Estados que respetan límites claros. Cuando España respondió con firmeza y objetivos limitados, como en Perejil, consiguió restablecer la situación sin una guerra. Cuando actuó desde la debilidad, la improvisación o el miedo a incomodar a Rabat, la presión regresó con otro aspecto.
Marruecos defenderá sus intereses. España tiene la obligación de defender los suyos. La paz no se conserva ocultando los conflictos, sino dejando claro qué líneas no pueden cruzarse.
Ceuta, Melilla y Canarias son España. La cooperación con Marruecos es necesaria; la renuncia a la soberanía, no.