El Sáhara Occidental continúa atrapado entre una descolonización inconclusa, una guerra de baja intensidad y un bloqueo informativo que dificulta investigar los ataques. Marruecos controla la mayor parte del territorio, el Frente Polisario combate al este del muro y España intenta proteger su relación con Rabat incluso cuando vuelve a sufrir presión sobre Ceuta.
Un vehículo destrozado en mitad del desierto. Restos metálicos esparcidos sobre la arena. Imágenes grabadas con un teléfono móvil y difundidas por cuentas enfrentadas que ofrecen versiones distintas de lo ocurrido. Para unas, se trata de civiles saharauis alcanzados por un dron marroquí. Para otras, los ocupantes estaban vinculados al Frente Polisario. Tampoco existe una identificación independiente de la munición empleada.
La escena resume perfectamente la guerra actual del Sáhara Occidental: existe, mata y modifica el equilibrio regional, pero casi siempre llega al exterior mediante vídeos incompletos, comunicados de parte y afirmaciones imposibles de verificar sobre el terreno. La falta de periodistas independientes, observadores de derechos humanos e investigaciones transparentes no es un detalle secundario. Es una de las condiciones que permiten que el conflicto continúe fuera del foco internacional.
El episodio más reciente, atribuido a un ataque marroquí contra dos vehículos situados al este del muro, debe presentarse con prudencia. Las imágenes permiten observar los daños, pero no demuestran por sí solas quién viajaba en los vehículos, cuántas personas murieron o si constituían un objetivo militar. Precisamente esa imposibilidad de comprobar hechos básicos es parte del problema que este artículo pretende denunciar.
Una descolonización que España dejó sin resolver
Para comprender la guerra actual hay que regresar a 1975. El Sáhara Occidental era entonces el Sáhara Español, un territorio incluido por Naciones Unidas en su lista de territorios no autónomos pendientes de descolonización. España había asumido el compromiso de permitir que la población saharaui decidiera su futuro, pero el proceso quedó atrapado entre la agonía del franquismo, las reivindicaciones marroquíes y mauritanas y el crecimiento del movimiento independentista.
El Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro —Frente Polisario— había sido creado en 1973 para combatir la presencia colonial española y reclamar la independencia. Marruecos, por su parte, sostenía que el territorio formaba parte históricamente del reino.
La Corte Internacional de Justicia examinó estas reclamaciones en 1975. Reconoció que habían existido determinados vínculos de lealtad entre el sultán marroquí y algunas tribus del territorio, pero no encontró vínculos de soberanía territorial capaces de anular el derecho de la población saharaui a la autodeterminación. El dictamen no concedió el Sáhara a Marruecos.
Sin embargo, el rey Hassan II presentó la decisión como una legitimación política de sus pretensiones y organizó la Marcha Verde. Unos 350.000 civiles marroquíes avanzaron hacia el territorio mientras las Fuerzas Armadas marroquíes incrementaban su presencia. España, con Franco agonizando y sin voluntad de abrir otro frente, firmó el 14 de noviembre de 1975 los Acuerdos de Madrid con Marruecos y Mauritania.
Aquellos acuerdos establecieron una administración temporal tripartita y prepararon la retirada española, pero no transfirieron legalmente la soberanía del territorio. La ONU continúa considerando el Sáhara Occidental un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
España abandonó definitivamente el territorio en febrero de 1976. El Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática y comenzó una guerra contra Marruecos y Mauritania. Una parte importante de la población huyó hacia Tinduf, en el suroeste argelino, donde se establecieron los campamentos de refugiados que aún existen medio siglo después.
Mauritania, debilitada por la guerra, renunció a sus reclamaciones en 1979. Marruecos ocupó entonces buena parte del territorio abandonado por Nuakchot y pasó a ser el principal adversario del Polisario.
El muro que dividió el Sáhara
Durante la década de 1980, Marruecos construyó sucesivas líneas defensivas que terminaron formando un muro de arena de más de 2.000 kilómetros. El sistema no es únicamente un terraplén: incorpora fortificaciones, radares, unidades militares, artillería y extensas áreas contaminadas por minas y otros explosivos.
El muro cambió la guerra. Protegió las principales ciudades, explotaciones de fosfatos, carreteras y zonas costeras controladas por Marruecos, limitando la movilidad de las columnas del Polisario. Actualmente Rabat controla aproximadamente cuatro quintas partes del Sáhara Occidental, incluida la costa atlántica y los principales núcleos urbanos. El Polisario mantiene su presencia al este del muro y administra los campamentos de refugiados situados en Argelia.
Esta división física también creó dos realidades políticas. Al oeste se encuentra el territorio administrado de facto por Marruecos, que lo denomina sus «provincias del sur» y en el que ha realizado importantes inversiones en carreteras, puertos y ciudades. Al este se extiende una zona desértica poco poblada que el Polisario presenta como «territorios liberados». Entre ambas partes existe una franja militarizada que continúa recordando que el conflicto nunca fue resuelto.
El referéndum que nunca llegó
En 1991, Marruecos y el Frente Polisario aceptaron un alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas. La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, la MINURSO, nació con dos grandes objetivos: vigilar el cese de las hostilidades y preparar una consulta de autodeterminación.
El propio nombre de la misión conserva la promesa incumplida. El referéndum no se celebró. Las partes se enfrentaron durante años por la elaboración del censo y por quién debía tener derecho a votar. Marruecos terminó rechazando cualquier consulta que incluyera la independencia como opción, mientras el Polisario se negó a aceptar una autonomía que reconociera previamente la soberanía marroquí.
En 2007, Rabat presentó su propuesta de autonomía: instituciones y competencias internas para el territorio, pero bajo soberanía marroquí y con la defensa, las relaciones exteriores y otros ámbitos estratégicos reservados al Estado. Para Marruecos es la máxima concesión posible. Para el Polisario supone decidir el resultado antes de que la población saharaui pueda votar.
Durante casi tres décadas, el alto el fuego redujo la violencia abierta, pero congeló el conflicto sin solucionarlo. Generaciones completas crecieron en los campamentos de Tinduf mientras Marruecos consolidaba su control administrativo, demográfico, económico y militar al oeste del muro.
2020: vuelve la guerra
La tregua terminó en noviembre de 2020, después de una crisis en Guerguerat, cerca de la frontera con Mauritania. Activistas saharauis habían bloqueado la carretera que conecta el territorio controlado por Marruecos con Mauritania. Las fuerzas marroquíes intervinieron para reabrir el paso y el Polisario declaró roto el alto el fuego.
Desde entonces se desarrolla una guerra de baja intensidad. El Polisario anuncia ataques frecuentes con cohetes, morteros y artillería contra posiciones marroquíes situadas a lo largo del muro. Rabat ofrece muy poca información sobre sus bajas y evita conceder al conflicto una visibilidad que pueda cuestionar su relato de control y estabilidad.
La enorme desigualdad militar condiciona el enfrentamiento. El Polisario conserva capacidad para hostigar puestos avanzados y mantener políticamente vivo el conflicto, pero Marruecos cuenta con más efectivos, mejores sensores, una red defensiva consolidada y una fuerza aérea muy superior. La incorporación de aeronaves no tripuladas ha ampliado todavía más esa diferencia.
La guerra de los drones
Los drones permiten vigilar enormes extensiones de desierto y atacar vehículos o concentraciones humanas sin exponer directamente a pilotos. Marruecos ha adquirido plataformas y municiones extranjeras, incluidas tecnologías turcas, chinas e israelíes, aunque en numerosos incidentes resulta imposible conocer públicamente qué aparato o proyectil concreto fue utilizado.
Esa capacidad ha golpeado a mandos del Polisario. En junio de 2026, un ataque marroquí con drones mató al dirigente y comandante saharaui Lahbib Mohamed Abdelaziz y a otras dos personas durante un enfrentamiento, según informaciones coincidentes recogidas por medios internacionales. El episodio evidenció que Marruecos puede localizar y neutralizar objetivos relevantes muy lejos de sus posiciones fortificadas.
Pero la discusión más grave afecta a los civiles. Fuentes saharauis, organizaciones locales y testimonios recogidos por periodistas atribuyen a ataques marroquíes la muerte de viajeros, comerciantes y conductores saharauis, mauritanos y argelinos desde la reanudación de las hostilidades. Marruecos suele guardar silencio o presentar los blancos como elementos relacionados con el Polisario. Las cifras acumuladas varían enormemente dependiendo de la fuente y no existe un registro independiente completo.
Conviene ser exactos: la muerte de civiles durante una operación militar no demuestra automáticamente la comisión de un crimen de guerra. El derecho internacional humanitario obliga a distinguir entre combatientes y población civil, prohíbe los ataques deliberados o indiscriminados contra civiles y exige proporcionalidad y precauciones. Para determinar una posible responsabilidad penal es necesario conocer el objetivo, la información disponible para el atacante, el arma utilizada y las circunstancias concretas.
El problema es que en el Sáhara Occidental esas investigaciones rara vez pueden realizarse con garantías. Cuando se impide comprobar quién murió, por qué fue atacado y qué unidad tomó la decisión, la rendición de cuentas se vuelve casi imposible. No puede hablarse responsablemente de todos los incidentes como crímenes demostrados, pero tampoco puede aceptarse que el silencio oficial sustituya indefinidamente a una investigación.
Sin periodistas no hay guerra; solo versiones
El control informativo es una de las principales ventajas estratégicas de Marruecos. Las autoridades restringen el acceso de periodistas, observadores y activistas extranjeros al territorio. En abril de 2025, dos periodistas italianos que pretendían documentar la situación de los derechos humanos fueron detenidos y expulsados. El Comité para la Protección de los Periodistas calificó el episodio como una nueva muestra del bloqueo informativo existente.
Human Rights Watch sostiene que las autoridades marroquíes continuaron reprimiendo durante 2025 a activistas saharauis partidarios de la independencia. También recordó la permanencia en prisión de miembros del grupo de Gdeim Izik condenados tras procesos cuestionados por denuncias de tortura, confesiones forzadas y falta de garantías.
Marruecos rechaza estas acusaciones y afirma que actúa contra delitos comunes, amenazas a la seguridad o movimientos separatistas, no contra opiniones políticas. Esa versión también debe recogerse. Sin embargo, expulsar a periodistas y limitar la observación independiente impide precisamente comprobarla.
La MINURSO tampoco cubre ese vacío. A diferencia de otras misiones modernas de paz, no posee un mandato general y permanente de vigilancia de los derechos humanos. Puede observar aspectos militares del conflicto, pero no funciona como una misión internacional capaz de investigar de forma sistemática la represión, las detenciones o cada muerte civil atribuida a ataques aéreos.
Así se construye la impunidad política: no necesariamente mediante una declaración abierta de que todo está permitido, sino creando un escenario en el que casi nada puede documentarse con independencia, las víctimas dependen de medios partidistas para hacerse visibles y las potencias aliadas prefieren no formular preguntas incómodas.
Marruecos gana fuera del campo de batalla
La mayor victoria marroquí de los últimos años no se ha producido junto al muro, sino en las cancillerías extranjeras. En diciembre de 2020, Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental dentro del acuerdo que acompañó la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Francia dio otro paso decisivo en 2024 al respaldar la soberanía marroquí y considerar el plan de autonomía la única base viable. España ya había cambiado su posición en 2022, definiendo la iniciativa de Rabat como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto. Reino Unido, Portugal y otros países se aproximaron posteriormente a esa línea.
En octubre de 2025, la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad consolidó el avance diplomático marroquí. El texto situó la propuesta de autonomía como base de las negociaciones y consideró que una autonomía genuina podría representar el resultado más viable. Sin embargo, hay dos matices esenciales: la resolución no reconoció formalmente la soberanía marroquí sobre el territorio y mantuvo la exigencia de una solución política mutuamente aceptable que permita la autodeterminación del pueblo saharaui.
La diferencia entre respaldo político y soberanía jurídica continúa siendo importante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en 2024 la aplicación al Sáhara Occidental de acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos porque no se había obtenido el consentimiento del pueblo saharaui. El tribunal volvió a tratar el territorio como separado y distinto de Marruecos.
Rabat, por tanto, avanza diplomáticamente sin haber cerrado jurídicamente el conflicto. Cada reconocimiento, consulado e inversión internacional normaliza su control de facto. Al mismo tiempo, el Polisario pierde apoyos, depende profundamente de Argelia y dispone de una capacidad militar insuficiente para alterar por sí solo el equilibrio. El tiempo juega a favor de Marruecos.
España: responsabilidad histórica y dependencia estratégica
España no es un actor exterior cualquiera. Fue la potencia colonial, organizó el territorio, documentó a su población y abandonó el proceso de descolonización sin que se celebrara la consulta prometida. Aunque Madrid considera terminadas sus responsabilidades administrativas desde 1976, la relación histórica, jurídica y humana con el pueblo saharaui permanece.
El giro de 2022 no fue explicado previamente mediante un debate parlamentario amplio. La nueva postura apareció en una carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI que primero hizo pública el Palacio Real marroquí. El Gobierno defendió después que la aproximación a Rabat permitiría construir una relación estable, mejorar la cooperación migratoria y garantizar la normalidad en Ceuta y Melilla.
La estabilidad lograda mediante concesiones unilaterales tiene un problema: enseña a la otra parte dónde se encuentra la dependencia española. Marruecos sabe que Madrid necesita su colaboración en inmigración, antiterrorismo, comercio y control fronterizo. España, en cambio, rara vez convierte su peso económico, europeo y diplomático en condiciones verificables.
El precedente de Ceuta
La relación entre el Sáhara y Ceuta no es una especulación inventada a posteriori. En mayo de 2021, después de que España acogiera por razones médicas al líder del Polisario, Brahim Ghali, las autoridades marroquíes relajaron el control fronterizo y miles de personas entraron en Ceuta en apenas unas horas, entre ellas numerosos menores. El Parlamento Europeo censuró expresamente la utilización de menores y la presión migratoria sobre España.
La nueva entrada masiva registrada en Ceuta durante el verano de 2026 ha reabierto la misma pregunta. Documentos de inteligencia desclasificados muestran que existieron advertencias previas y señalan la inacción de fuerzas marroquíes durante momentos de la crisis. El Gobierno español sostiene que no posee pruebas concluyentes de que Rabat organizara deliberadamente el episodio. Esa distinción debe respetarse: una falta de control, una pasividad calculada y una operación organizada no son exactamente lo mismo.
Pero para España el resultado estratégico es parecido. Cada vez que el control marroquí desaparece, Ceuta recibe una presión inmediata y desproporcionada. La frontera se convierte en una palanca política disponible para Rabat, incluso aunque nunca aparezca una orden escrita del Gobierno marroquí.
España cometió un error al presentar el acercamiento de 2022 como una garantía suficiente. Apoyar el plan de autonomía no eliminó la asimetría ni convirtió a Marruecos en un socio incapaz de presionar. Rabat recibió una modificación histórica de la postura española, pero España no obtuvo un reconocimiento marroquí explícito de la soberanía sobre Ceuta y Melilla ni un mecanismo que impida nuevas crisis fronterizas.
Presionar no significa buscar una ruptura
Defender una posición más firme no implica romper relaciones con Marruecos. Ambos países están condenados por la geografía a cooperar. Comparten intereses económicos, policiales y de seguridad que ninguna declaración política puede borrar. La cuestión es si esa cooperación debe funcionar como una relación recíproca o como una sucesión de concesiones españolas destinadas a evitar la siguiente crisis.
España dispone de herramientas. Puede exigir acceso para periodistas y observadores, impulsar investigaciones independientes sobre ataques con víctimas civiles, reclamar que la MINURSO incorpore una vigilancia efectiva de derechos humanos y condicionar su apoyo europeo a resultados comprobables. También puede revisar con mayor dureza los acuerdos que afecten a recursos del Sáhara Occidental cuando no exista consentimiento saharaui, conforme a la jurisprudencia europea.
Madrid debería además separar la cooperación migratoria legítima del chantaje fronterizo. La ayuda, las preferencias comerciales y la defensa de los intereses marroquíes dentro de la Unión Europea no pueden darse por sentadas mientras Ceuta o Melilla puedan ser sometidas periódicamente a presión.
Esto no exige adoptar sin condiciones todas las posiciones del Frente Polisario. También deben examinarse su estructura política, su dependencia de Argelia, la situación de los derechos humanos en los campamentos y la viabilidad de sus objetivos. Exigir responsabilidades a Marruecos no obliga a idealizar a su adversario. Significa aplicar los mismos estándares a ambos y reconocer quién controla actualmente la mayor parte del territorio y posee la capacidad militar dominante.
La impunidad empieza con el silencio
El Sáhara Occidental no es un conflicto congelado. Es una guerra activa de baja intensidad sostenida por una descolonización inconclusa, un muro militar, ataques periódicos y una desigualdad tecnológica creciente. Los muertos no dejan de existir porque sus nombres no lleguen a los grandes informativos.
Marruecos ha conseguido que buena parte de la comunidad internacional considere su victoria política más cómoda que la resolución jurídica del conflicto. Sus aliados destacan la estabilidad, las inversiones y la lucha contra la inmigración, mientras relegan las preguntas sobre autodeterminación, represión y víctimas civiles. Cuando no hay cámaras, investigaciones ni consecuencias diplomáticas, la frontera entre superioridad militar e impunidad se vuelve peligrosamente estrecha.
España debería comprenderlo mejor que ningún otro país. Tiene una responsabilidad histórica con el territorio y un interés nacional directo en impedir que la presión marroquí se normalice como método diplomático. Guardar silencio sobre el Sáhara no ha blindado Ceuta. Ceder terreno político no ha eliminado la capacidad de Rabat para utilizar la frontera.
La respuesta no debe ser una escalada irresponsable, sino una política exterior adulta: cooperación cuando sea beneficiosa, firmeza cuando se vulneren intereses españoles y exigencia de transparencia cuando existan denuncias de ataques contra civiles. Marruecos tiene derecho a defender sus posiciones políticas; no tiene derecho a convertir el aislamiento informativo en inmunidad frente al escrutinio.
El primer paso es sencillo: mirar hacia el Sáhara Occidental, llamar guerra a la guerra y exigir que cada ataque pueda ser investigado. Porque el silencio internacional no trae paz. Solo garantiza que quien posee más poder pueda ejercerlo con menos límites.
Fotografía: Michele Benericetti, “Facing the Berm, Western Sahara”, vía Wikimedia Commons. Licencia CC BY 2.0. Imagen recortada.